La plaza de toros de Zaragoza, también conocida como La Misericordia o el Coso Ramón Pignatelli, es la segunda más antigua de España después de la Maestranza de Sevilla. Fue inaugurada en 1764, en vísperas de El Pilar.
Las principales entidades representativas del sector taurino en España, entre ellas la Unión de Toreros, la Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos (ANOET), la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia (UCTL), la Unión Nacional de Picadores y Banderilleros Españoles (UNPBE) la Asociación de Ganaderías de lidia (AGL), la Agrupación Española de Ganaderos de Reses Bravas (AEGRB), y la Fundación Toro de Lidia (FTL), han expresado su total y rotundo rechazo al pliego de condiciones presentado para la adjudicación de la Plaza de Toros de La Misericordia de Zaragoza.
Estas organizaciones denuncian que la Diputación Provincial de Zaragoza ha faltado a la verdad al afirmar que esta es la única fórmula posible para garantizar la celebración de la próxima Feria del Pilar. Según consideran, la responsabilidad directa de este “despropósito” recae exclusivamente en la propia Diputación, quien elaboró un pliego de condiciones inicial que no se ajustaba a la legalidad vigente, una afirmación que ha sido corroborada recientemente por los tribunales de justicia.
El sector taurino recuerda además el marco legal establecido por la ley 18/2013 para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural. En particular, destaca el artículo 3 de dicha norma, que obliga a las instituciones públicas a “garantizar la conservación de la Tauromaquia y promover su enriquecimiento”, en consonancia con lo previsto en el artículo 46 de la Constitución española. Por ello, consideran imprescindible que las administraciones actúen respetando estos preceptos legales para preservar adecuadamente esta tradición cultural.
En conclusión, las entidades taurinas insisten en la necesidad de revisar y corregir el pliego de condiciones para la plaza de Zaragoza, asegurando así que los procesos administrativos cumplan con la legalidad y permitan la continuidad y defensa de la tauromaquia como patrimonio cultural reconocido y protegido en nuestro país.
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